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Inicia IEE impartición de cursos de blindaje electoral

- A través de estos talleres, se busca prevenir delitos electorales por parte de personas que laboran en el servicio público.

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Como parte de las actividades de los comicios para la renovación de la gubernatura, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) inició este miércoles la impartición de cursos y talleres sobre blindaje electoral a personas funcionarias públicas de dependencias gubernamentales y organismos autónomos de los tres niveles de gobierno.

El evento protocolario de arranque se llevó a cabo en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Pabellón de Arteaga, en donde las Consejerías Electorales encabezaron y atestiguaron el taller impartido a las personas servidoras públicas de dicha administración.

El blindaje electoral es un conjunto de medidas preventivas que habrán de implementarse al interior de las dependencias, entidades gubernamentales, organismos y poderes públicos de los tres órdenes de gobierno en el estado, con el objetivo de evitar que los recursos materiales, humanos y financieros sean destinados con fines político-electorales en el Proceso Electoral Local 2021-2022.

Por ello, a través de estas capacitaciones se busca que las servidoras y servidores públicos conozcan y apliquen dichas medidas que, de no implementarse, podrían constituir un delito electoral.

Las acciones de blindaje contemplan los temas de propaganda gubernamental, imagen institucional, informes de labores o gestión de las y los servidores públicos, así como los programas y acciones sociales.

Entre las acciones prohibidas para las personas que forman parte del servicio público se encuentran las siguientes:

 

  • Realizar campañas de promoción personalizada, a través de medios digitales e impresos, incluida la difusión de los programas sociales y de las acciones institucionales de beneficio social.
  • Efectuar aportaciones provenientes del erario a actores políticos y/o brindarles cualquier apoyo gubernamental distinto a los permitidos por las leyes aplicables.
  • Utilizar cualquier medio de divulgación institucional para inducir o coaccionar a otras servidoras o servidores públicos, o a la ciudadanía en general, para votar a favor o en contra de una o varias opciones políticas.
  • Realizar eventos públicos oficiales con fines electorales como eventos de caridad, o aquellos que favorezcan o desfavorezcan a una o varias opciones políticas.
  • Rendir informes de labores o de gestión durante los periodos prohibidos, así como difundirlo fuera del plazo y ámbito geográfico establecidos para ello.
  • Asistir en un día hábil a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir el voto a favor o en contra de una determinada opción política o para la abstención del voto.

 

Cabe destacar que los delitos en materia electoral se encuentran catalogados y regulados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los cuáles pueden ir de 2 a 9 años de prisión y sanciones de entre 200 y 1,000 días de multa, además de inhabilitaciones en el servicio público y/o la destitución del cargo.

Por el contrario, las acciones que las servidoras y servidores públicos tienen permitido realizar durante el proceso electoral son:

 

  • Continuar normalmente con los trámites propios de la institución.
  • Asistir a eventos propios de la función institucional.
  • Convocar reuniones con las y los beneficiarios de los programas y acciones sociales (no masivas en campañas y precampañas).
  • Asistir a eventos proselitistas en horas y días inhábiles, más días de descanso.
  • Simpatizar y votar por alguna opción política de su preferencia.
  • Realizar entregas de apoyos y programas de conformidad con las reglas de operación de cada uno de ellos.
  • Colocar propaganda proselitista en el vehículo particular (siempre y cuando no se resguarde en inmuebles institucionales durante el horario laboral).

 

En las próximas semanas, el IEE brindará los cursos de blindaje electoral, en modalidad presencial y virtual, a personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), la Delegación de la Secretaría del Bienestar, el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y personal de los ayuntamientos de Aguascalientes, Calvillo, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y San José de Gracia, entre otros.